El Gobierno regional quiere seguir teniendo la última palabra sobre la instalación o no de grandes superficies comerciales. La llamada ‘segunda licencia’ continúa apareciendo en la reforma que está en marcha de la Ley de Comercio de Extremadura, que está debatiéndose en el Parlamento regional.
La Comisión Europea abolió hace tres años esas segundas licencias en aras a favorecer la libre competencia y de establecimiento comercial pero las comunidades autonómicas están recurriendo a motivos urbanísticos, ambientales o de patrimonio histórico para conservar la posibilidad de bloqueo de establecimientos superiores a 2.500 metros cuadrados.
PSOE y PP mantienen tesis enfrentadas durante el debate que se está produciendo en la Asamblea de Extremadura y que esta mañana se ha desarrollado en la comisión de economía, comercio e innovación. El proyecto de ley promovido por la Junta mantiene esa segunda licencia comercial de tipo autonómico, por encima de lo que opinen los ayuntamientos, y el PP defiende que sean éstos los que tengan la última palabra para autorizar o no grandes superficies. De momento hay un dictamen que conserva la idea inicial de la Junta, y que irá para su aprobación en pleno a mediados de julio, con bastantes pocas probabilidades de que el Grupo Parlamentario Socialistas-Regionalistas dé su brazo a torcer.
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